Ofreciendo tratamientos psicodélicos antes de la muerte asistida para afecciones psiquiátricas

En muchas partes del mundo, el acceso a la eutanasia y el suicidio asistido (EAS) se está ampliando para incluir a personas con trastornos psiquiátricos como diagnóstico principal. Este cambio refleja un reconocimiento creciente del sufrimiento profundo y persistente que pueden causar las enfermedades mentales, especialmente cuando han fracasado los tratamientos convencionales. Sin embargo, esta evolución normativa coincide con un desarrollo ético complejo: nuevas intervenciones psiquiátricas prometedoras, en particular los tratamientos asistidos con psicodélicos, están avanzando rápidamente en los ensayos clínicos, pero siguen siendo inaccesibles legalmente para los pacientes fuera de esos entornos de investigación.

Esto genera una paradoja ética preocupante. Por un lado, pacientes que padecen depresión resistente al tratamiento, trastorno de estrés postraumático (TEPT) o pensamientos suicidas crónicos pueden acceder legalmente a procedimientos para poner fin a su vida en algunas jurisdicciones. Por otro lado, a menudo se les prohíbe acceder a tratamientos innovadores que podrían ofrecer mejoras significativas o incluso una remisión de los síntomas. Las terapias asistidas con psicodélicos, como las que utilizan psilocibina o MDMA, han mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos, con reducciones rápidas y sostenidas de la depresión y la ansiedad. Sin embargo, barreras regulatorias, estigmas y lentitud institucional siguen impidiendo su implementación en la práctica clínica.

Sostenemos que esta disparidad en el acceso crea un desequilibrio ético inaceptable. Envía un mensaje inquietante: la sociedad está dispuesta a facilitar la muerte de quienes sufren psíquicamente, pero no está dispuesta a ofrecerles alternativas potencialmente terapéuticas o salvadoras, aunque estén avaladas por evidencia científica creciente. Esto plantea serias dudas sobre el consentimiento informado, el optimismo terapéutico y la justicia. Los pacientes que consideran la EAS deberían, al menos, tener acceso a todas las opciones emergentes de tratamiento, especialmente cuando estas han demostrado eficacia en estudios rigurosos.

Esta paradoja debe motivar una reflexión urgente en políticas públicas. Las autoridades regulatorias y los profesionales de la salud mental deben actuar para acelerar el acceso compasivo a estos tratamientos innovadores, sobre todo para quienes están al borde de solicitar la eutanasia. Si defendemos el derecho a morir con dignidad, también debemos defender el derecho a recibir cuidados significativos, innovadores y esperanzadores antes de tomar esa decisión. Resolver este desequilibrio es esencial para garantizar que las personas con trastornos mentales sean tratadas con dignidad, justicia y esperanza.

Resumen modificado por Cibermedicina

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