UNAD reclama el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones con la participación de la sociedad civil

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha reclamado este lunes en el Congreso de los Diputados el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones que incorpore lo aprendido, refuerce la coordinación entre los sistemas de salud, justicia, servicios sociales y empleo, y cuente con la participación real de la sociedad civil y personas usuarias, después de que el anterior plan finalizara en 2024.

Así se ha expuesto en el acto 'Políticas de drogas y adicciones: cuestión de derechos', por el 40 aniversario de la creación de UNAD, donde se ha puesto en valor la historia del movimiento asociativo y los logros alcanzados desde que estalló la crisis de la heroína, pero también se han señalado las principales reivindicaciones de la red para que la atención a las personas con adicciones se mantenga en el futuro.

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En la mesa inaugural ha participado el presidente de UNAD, Luciano Poyato, quien ha señalado que la política mundial de drogas ha estado dominada por un enfoque punitivo, con consecuencias como la violencia, la exclusión social o la vulneración de derechos humanos.

Sin embargo, ha apuntado que en la actualidad se vive un punto de inflexión por el que algunos países y organismos internacionales comienzan a apostar por enfoques centrados en la salud pública y los derechos humanos.

Así, ha insistido en que España no puede quedarse atrás en este cambio de paradigma y ha reclamado que se siga avanzando en políticas que aborden las adicciones desde una mirada integral, incorporando la perspectiva de género, la diversidad cultural y las desigualdades sociales.

En este punto, ha demandado el desarrollo de la nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones y que se exija a las comunidades autónomas elaborar y evaluar sus propios planes autonómicos.

Durante una mesa de diálogo, las vocales de UNAD Navarra y UNAD Andalucía, Andrea Corera y Auxiliadora Fernández, respectivamente, han compartido las reivindicaciones de la red en torno a las políticas de drogas y adicciones poniendo el foco en que las adicciones "son una cuestión de salud pública y no de orden público ni criminal", visión que defiende UNAD desde sus orígenes.

En este sentido, han demandado avanzar hacia una legislación "más amplia y flexible" en materia de alternativas a la prisión en relación con las infracciones penales no violentas y vinculadas a personas en situación de pobreza o con dificultades de inserción social, reservando la respuesta penal más severa, la prisión, para los elementos más violentos y perturbadores.

Al hilo, han pedido la derogación total de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite sancionar a personas por tenencia de drogas para consumo propio.

"Una persona puede ser multada simplemente por llevar encima una pequeña cantidad, aunque no haya puesto en riesgo a nadie. No solo es injusto, sino que además impide que esa persona acceda a tratamiento si lo necesita, porque en lugar de abrirle una puerta se le pone una sanción encima", ha explicado Corera.

También han lamentado el reciente cambio en la Ley General de la Seguridad Social, que elimina el subsidio de desempleo para las personas excarceladas, menores de 16 años liberados de centro de internamiento y personas que han seguido un programa de deshabituación de drogodependencia por un tiempo superior a seis meses. Desde UNAD han reivindicado que se recupere esta prestación, "no como un favor, sino como una herramienta básica de justicia social, porque sin estabilidad mínima no hay verdadera reintegración posible".

Asimismo, han expresado su preocupación por que las adicciones con sustancia "estén quedando relegadas en muchas agendas públicas", por lo que han urgido a implementar políticas públicas que apuesten por el sostenimiento de la red de atención a las adicciones, dedicando recursos y presupuesto suficiente a los servicios de prevención, tratamiento, reducción de daños e incorporación sociolaboral, así como coordinación entre sistemas y territorios.

ADICCIÓN AL JUEGO Y ATENCIÓN A MUJERES

Uno de los temas sobre los que han puesto especial énfasis ha sido el auge de las adicciones sin sustancia, especialmente el juego, tanto presencial como 'online', y su impacto creciente en jóvenes y adolescentes.

Al respecto, han abogado por eliminar toda forma de publicidad de juego en todos los medios y formatos, así como el establecimiento de controles sobre las máquinas de juego en los establecimientos de hostelería, igual que se hace con las máquinas expendedoras de tabaco.

"Las casas de apuestas se han multiplicado y en muchas ocasiones muy cerca de centros educativos y también las plataformas digitales han hecho que la publicidad de las apuestas esté presente en redes sociales, en videojuegos, en definitiva, en los canales que la juventud consume a diario.

Esto no es una casualidad. Hay una industria que se dirige de forma muy concreta a personas jóvenes explotando su vulnerabilidad y lo hace sin apenas límites reales", ha alertado Fernández.

Además, han puesto el foco en las dificultades que atraviesan las mujeres con adicciones.

"Muchas viven sus consumos en silencio, con culpa, con miedo. Las mujeres tardan de media más tiempo en pedir ayuda cuando tienen una adicción. En parte esto se explica por el estigma que recae sobre una mujer drogodependiente que está rompiendo con todos los mandatos que le corresponden a nivel social.

No digamos si esta mujer además es madre", ha detallado la vocal de UNAD Andalucía.

Ante esta situación, desde la red han reclamado una inversión específica para mujeres drogodependientes, que además en muchos casos son también víctimas de violencia de género, la formación de profesionales de servicios sociales, centros de salud y centros educativos en detección precoz, y la creación de recursos residenciales que permitan la entrada a los hijos de estas mujeres.

Por último, se ha procedido a la lectura de un manifiesto que resume estas reivindicaciones y llama a seguir trabajando, sin dar por sentado los avances alcanzados. En esta línea, pide su compromiso a toda la sociedad y a los poderes públicos para defender y fortalecer políticas integrales de atención a las adicciones, evitando su precarización.

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